En el marco de la investigación de una megaestafa inmobiliaria con epicentro en el sur de la provincia -que rondaría los 1.000 millones de pesos, y buscaba apoderarse de inmuebles pertenecientes a personas ancianas o fallecidas-, el juez de segunda instancia, Tomás Orso, dispuso la continuidad de las prisiones domiciliarias de todos los involucrados y fijó un plazo para el inicio del juicio oral y público, que debería comenzar en agosto próximo.

Asimismo, el magistrado confirmó los rechazos del juez de primera instancia, Benjamín Révori, en torno a los planteos de nulidad de escuchas telefónicas e inconstitucionalidad del delito de asociación ilícita. Cabe recordar que en el resonado caso -donde se acreditaron unas 30 maniobras defraudatorias- tiene entre los 18 acusados a abogados, escribanos y personas con conocimientos contables, además de prestanombres y testaferros.

El caso

A fines de 2018, la ciudad de Venado Tuerto se vio conmocionada por la denuncia que implicaba a reconocidos profesionales de la localidad y la zona. Las maniobras consistían, básicamente, en apropiarse de inmuebles de personas de avanzada edad o fallecidas sin herederos, mediante la constitución de poderes otorgados de forma ilícita a terceras personas, que luego concretaban operaciones de compraventa. En la causa, el gobierno de la provincia (gestión Miguel Lifschitz) actuó como principal denunciante.